En la sesión extraordinaria de la Junta Municipal el concejal Julio Ullón Brizuela solicitó el tratamiento sobre tablas y aprobación con carácter resolutivo de la nota remitida por la directora general y presidenta del Consejo de Administración de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN), Carmen Alonso, por la que alude a la Ley N° 1.016/97 “Que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o azar”, cuyo Art. 30, Inc. c) establece que el 25% del ingreso producido por los juegos de azar en el municipio de Asunción se distribuirá a la DIBEN y, en ese sentido, solicita la consideración y respaldo de la Junta Municipal a las gestiones pertinentes que apoye a la salvaguarda de los recursos, considerando la información publicada en diversos medios de prensa respecto a la posibilidad de la condonación de deudas a los casinos.
Sobre el punto, el edil Ullón solicitó que se trate sobre tablas y se apruebe con carácter resolutivo dos resoluciones de la Junta Municipal por la que se encomiende a la Intendencia Municipal a retirar su pedido de exoneración de los juegos de azar, así como el cumplimiento del Convenio firmado entre la DIBEN y la Municipalidad, que hasta la fecha se encuentra en incumplimiento.
Agregó que que es de vital importancia cumplir con el Convenio teniendo en cuenta que la DIBEN maneja actualmente programas claves como Pytyvo Medicamentos, que busca financiar la compra de medicamentos de personas internadas en terapia intensiva por covid-19.
También, el concejal Ullón recordó que en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, presentó una minuta que aún está pendiente de aprobación, en donde se presentaban una serie de medidas administrativas, financieras y fiscales de urgencia dentro del marco de emergencia sanitaria, en esa minuta se había solicitado la suspensión de dos procesos de licitación de construcción de empedrados por valor de cerca de Gs 35.000 millones, y la suspensión de varios contratos en ejecución y una reprogramación de 60.000 millones para destinar al sector de salud pública del Policlínico Municipal para fortalecer los servicios de salud ya que dentro de la Ley Orgánica Municipal se establece que dentro de las funciones de la Municipalidad, en el artículo 12 de las funciones municipales, en el inciso 7 se establece la prestación de servicios de salud y en la Ley de que crea el Sistema de Salud Pública se establece que los municipios deben presupuestar 5% de su presupuesto a la salud pública y el policlínico municipal tiene aproximadamente 15.000 millones que “en muchos casos ni siquiera se ejecuta”.
Asimismo, mencionó que se solicitó en su momento un mayor compromiso por parte de la Intendencia Municipal y “lastimosamente el intendente no quiso acompañar esta iniciativa, priorizando los empedrados en vez de fortalecer la salud pública que tanta falta hace en estos momentos”.
El concejal Ullón también recordó al pleno que en el marco de la pandemia del covid-19 se gastó Gs. 15.000 millones y no se recibió ninguna rendición de cuentas sobre cómo se gastaron esos Gs. 15.000 millones que bien podían ser utilizados para fortalecer nuestro sistema municipal de salud, según criticó.
En otro momento, solicitó el tratamiento sobre tablas de la minuta que presenté que hace referencia al Vertedero Cateura y a la continuidad de la prestación de servicio del Consorcio EMPO en el sitio y, en tal sentido, y se solicita a la Intendencia: 1. Remitir la justificación legal que sustente los pagos al Consorcio EMPO LTDA. desde el 15 de enero del 2021 a la fecha. 2; Informe detalladamente qué dependencias aprobaron dichos pagos y con qué justificación, nombre y apellido de los responsables; 3. Informe quién es el Ordenador de Gastos que autorizó los pagos al Consorcio; 4. Remitir una copia de las solicitudes de pagos, aprobación de los mismos, copia de las documentaciones respaldatorias de los pagos efectuados al Consorcio Empo y Asociados desde el 15 de enero de 2021 a la fecha y copia de los dictámenes legales; 5. Informe el motivo o las razones por las cuales el referido consorcio sigue prestando el servicio, con un contrato rescindido; 6. Remitir copia de la designación del Abg. Wilfrido Cáceres como Director General de Administración y Finanzas en su carácter de ORDENADOR DE GASTOS, así como una copia de la constancia de su Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentada ante la Contraloría General de la República; y, 7. Remitir la documentación solicitada en un plazo no mayor a 15 días.
Esta solicitud finalmente fue rechazada por un mayoría de concejales del PLRA y otros afines al intendente municipal y finalmente se derivó a la Comisión de Legislación para su estudio.
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